Régimen regulatorio aplicable a los préstamos de consumo en España

De conformidad con la legislación española existen dos tipos de entidades que pueden participar activamente en la concesión de créditos en general (y Préstamos al Consumo en particular): entidades de crédito y establecimientos de crédito financiero.

Instituciones de crédito en España

Una institución de crédito (formada como una compañía) se define bajo la ley española como una compañía que se dedica a cualquier actividad que consiste en solicitar fondos públicos reembolsables en forma de depósitos u otros préstamos, y la aplicación de dichos fondos para otorgar créditos o realizar transacciones similares por cuenta propia. Por lo tanto, las instituciones de crédito españolas pueden participar en una serie de servicios de banca minorista, pero también pueden ofrecer valores y servicios de asesoramiento financiero.

Las entidades de crédito deben registrarse en un registro mantenido por el Banco de España antes de comenzar sus actividades bancarias. Las siguientes entidades se consideran instituciones de crédito: Bancos (empresas públicas de responsabilidad limitada); Cajas de ahorro; y Cooperativas de crédito (que también están reguladas por las Comunidades Autónomas).

El régimen regulador español para las instituciones de crédito se establece en una serie de leyes y reglamentos que establecen las reglas destinadas a proporcionar a las autoridades de supervisión información completa sobre el estado de las instituciones financieras españolas, así como reglas para restringir o prohibir las prácticas u operaciones que aumentan riesgo de insolvencia o falta de liquidez, y para fortalecer los requisitos de capital con los que las instituciones pueden gestionar esos riesgos sin causar daños a los depositantes y a la economía española en general.

El Banco de España (junto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España) es el organismo gubernamental que ejerce poderes generales de supervisión sobre las instituciones de crédito nacionales. Esos poderes cubren una amplia gama de preocupaciones bancarias, incluyendo conducta y prácticas profesionales y solvencia, entre muchas otras [1].

Establecimientos de crédito financiero

Los establecimientos de crédito financiero son aquellas empresas que no son, en el sentido más estricto, entidades de crédito y que, por lo general, realizan una o más de las siguientes actividades: otorgamiento de préstamos, créditos e instalaciones, incluidos créditos al consumo, hipotecas y financiamiento de transacciones comerciales; factorización; arrendamiento; emisión y gestión de tarjetas de crédito; y (v) otorgar bonos y garantías.

Los establecimientos de crédito financiero deben obtener antes de ejercer sus actividades la licencia de establecimiento de crédito financiero correspondiente.

En cuanto a las diferencias entre los establecimientos de crédito financiero y las entidades de crédito (principalmente en relación con su estructura de financiación), los requisitos impuestos a los establecimientos de crédito financiero para llevar a cabo sus actividades son más flexibles en comparación con los exigidos a la entidad de crédito.

Actividades financieras y bancarias: actividad regulada

Todas las actividades realizadas por las entidades de crédito, así como por los establecimientos de crédito financiero, son actividades sujetas a la supervisión del Banco de España y, por lo tanto, el desempeño de las mismas de manera regular o profesional requiere la licencia correspondiente.

No hay otra actividad que califique como una "actividad financiera o bancaria" que quede fuera del alcance de las actividades reguladas, con la posible excepción de las llamadas actividades de "arrendamiento operativo" o "alquiler" ([2]).

Actividad de préstamos al consumidor: actividad no regulada

No obstante, lo anterior, en caso de que una institución no crediticia (es decir, ni una institución crediticia ni un establecimiento de crédito financiero de acuerdo con su definición indicada anteriormente) se dedique exclusivamente a la actividad de otorgar préstamos al consumidor, dicha institución no crediticia (formada como empresa) puede llevar a cabo dicha actividad sin una licencia.

Por lo tanto, dicha institución no crediticia (formada como una empresa) solo tendrá que estar registrada en el Registro Comercial correspondiente, fuera de la supervisión del Banco de España y estará sujeta a las autoridades españolas de consumo y, en particular, a la siguiente legislación:

  • Régimen general: Ley 1/2007, de 16 de noviembre, de Protección de los Consumidores y Usuarios (la Ley de Protección al Consumidor);
  • Régimen especial: Ley 16/2011, de 24 de junio, de Acuerdos de Consumo de Crédito (‘Ley del Acuerdo de Préstamo al Consumidor‘ o ‘Ley CLA‘) y;
  • Régimen complementario: entre otros, (a) Ley 34/2002, de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (‘Ley de Comercio Electrónico‘); (b) Ley 34/1988, de 11 de noviembre, de Publicidad General (‘Ley General de Publicidad‘); c) Ley 22/2007, de 11 de julio, de comercialización a distancia de servicios financieros (‘Comercialización a distancia de servicios financieros‘); y, (d) Ley 7/1998, de 13 de abril, de Términos Estándar (‘Ley de Términos Estándar‘).

Este artículo no se considera asesoramiento legal

[1] Las inspecciones y los requisitos de informes detallados permiten al Banco de España garantizar el cumplimiento de la normativa. Estas medidas también permiten al Banco de España emitir advertencias o tomar otras medidas disciplinarias que sean apropiadas bajo las circunstancias, que pueden variar desde el nombramiento de un organismo de supervisión especial para controlar la gestión de una entidad de crédito determinada hasta la revocación de la licencia de la entidad de crédito pertinente.

[2] Esto es, un arrendamiento a corto o mediano plazo, donde el período de arrendamiento es más corto que el ciclo de vida del activo arrendado y la compra del activo arrendado no se acuerda en el contrato por adelantado, sino que el arrendatario está obligado a devolver el activo arrendado tras la terminación del contrato.

Referencias:

  1. Regulatory regime applicable to consumer loans
  2. Normativa de Consumo. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Alberto Álvarez

Alberto Álvarez. Graduado en Derecho Comercial Internacional por la Universidad San Pablo CEU, Alberto Álvarez se especializa en derecho tributario, insolvencias y reestructuraciones. Idiomas de trabajo: inglés, alemán y español. Para cualquier consulta adicional por favor